Ley Jaguar es una iniciativa alineada con la urgencia de un Estado ágil y una Administración activa con mayor capacidad de ejecutar

Como una reforma que coincide con las propuestas de la industria alimentaria, relativas a la búsqueda de mayor eficiencia estatal, así como celeridad e inmediatez que requieren proyectos importantes de la Administración activa, calificó la industria alimentaria la iniciativa de Ley No 24.364 denominada LEY JAGUAR PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE COSTA RICA.

Según Juan Ignacio Pérez, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), este sector productivo ha sido coherente en señalar la necesidad de impulsar iniciativas tendientes a darle mayor eficiencia y celeridad a la Administración Pública. De ahí, que se han encontrado puntos coincidentes con la iniciativa de Ley 24.364.

Para los empresarios de alimentos, el tema se debe debatir sin temores, analizándolo desde la técnica jurídica, al margen de pasiones ideológicas, puesto que, por un lado, es fundamental garantizar eficiencia y oportunidad en los mecanismos de control y fiscalización que evitan la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos; pero por otro lado, todos deben tener claro que, -independientemente del gobierno de turno- no es viable visión de desarrollo alguna, cuando los límites entre la fiscalización y la coadministración, pueden ser difusos y motivar posiciones encontradas que tiene como efecto colateral un Estado lento e ineficiente, que se enreda en sus propios cordones y que hace imposible que la institucionalidad sea puesta al servicio de los ciudadanos.

“La cultura democrática tiene a las instituciones como herramientas para facilitar la mejora en la calidad de vida de las personas, y facilitar entornos que garanticen los equilibrios y contrapesos, propios de una democracia madura como la nuestra. Esa es una herencia invaluable; no obstante, las instituciones necesarias para la correcta administración del país, no pueden asumirse como fines en sí mismas, negando la necesidad de ajustes de la normativa vigente, hacia un mejor funcionamiento, facilitador de la acción administrativa, al mismo ritmo que evoluciona la sociedad”, afirmó Juan Ignacio Pérez.

Para CACIA cualquier oportunidad de mejora debe ser establecida por el sistema democrático de aprobación legislativa y en función del bienestar del ciudadano.